Recursos insuficientes y baja ejecución de las políticas públicas con que cuenta la administración municipal para atender a poblaciones vulnerables como las personas con discapacidad y los adultos mayores en Cali, fue la conclusión del debate de control político liderado por Richard Rivera del Partido Conservador, el cual se desarrolló en la mañana de este martes en el Concejo.
El debate adquirió trascendencia debido a que en la tarde de ayer un grupo de 15 personas con discapacidad visual se tomó pacíficamente las instalaciones del Centro Cultural de Cali para reclamar atención por parte de la administración de Jorge Iván Ospina ya que dicen sentirse “maltratados y olvidados”.
Uno de los voceros de la protesta señaló a CALI 24 HORAS que “estamos siendo discriminados por el alcalde Ospina. Nosotros habíamos logrado conquistar algunos espacios y beneficios con la administración anterior, pero desde que llegó este gobierno hemos visto cómo nos niegan muchas de las cosas que con esfuerzo y diálogo habíamos alcanzado”.
Los discapacitados visuales se quejan, por ejemplo, de que la Sala Borges, un espacio dentro del Centro Cultural acondicionado especialmente para ellos, fue desmantelado por la actual Administración y ahora se utiliza para oficinas.
Leonardo Medina, subsecretario de patrimonio, bibliotecas e infraestructura cultural de Cali, explicó que “las peticiones de los discapacitados inconformes se circunscriben a temas de educación, empleabilidad, salud, vivienda, transporte masivo y un grupo musical que se llama Antorcha”, para el que piden que se incluya en la programación cultural que patrocina la Alcaldía.
El funcionario dijo que también exigieron la presencia del alcalde y todos su Gabinete, “pero por agenda y tareas propias de cada despacho no fue viable ayer”. Sin embargo, “se pactó atenderlos mañana (hoy) con los secretarios del despacho y acompañamiento de la Personería”, añadió Medina.
¿Olvidados?
Con la molestia de las personas con discapacidad visual como telón de fondo, el debate de control político a las secretarías de salud, bienestar social, cultural, deportes y desarrollo económico, liderado por el concejal Rivera, sirvió para confirmar la desatención por falta de recursos y la baja ejecución de las políticas públicas que amparan a esta población vulnerable y a los adultos mayores de la capital del Valle.
Luego de conocer las respuestas y explicaciones que los miembros del Gabinete de la Administración de Ospina dieron a los cuestionamientos planteados sobre ambas poblaciones, la conclusión del cabildante es que “ni los 156.498 caleños con discapacidad ni los 395.330 adultos mayores que viven en Cali este año, encuentran la atención necesaria ya que las secretarías no cuentan con los recursos y programas especiales que esta atención demandan, por lo que están siendo marginados de la sociedad y los están dejando a merced de su suerte”.
Para el concejal Rivera “la mayor amenaza que tienen los adultos mayores tiene que ver con la salud y de manera específica con la pandemia del covid-19, por la que, además, se vieron muy afectados ya que fueron los primeros en ser enviados a cuarentena obligatoria”. El cabildante señaló, entre otras dificultades, “la atención tardía a los problemas de salud mental, no contar con un plan deportivo acorde con su avanzada edad, las largas filas para tramitar medicamentos o tratamientos especiales que las EPS dilatan y la complejidad para acceder a subsidios del Estado. Asimismo, dijo que los adultos mayores no cuentan con una red de apoyo que brinde respaldo ante la ausencia o abandono de sus familiares”.
En lo que corresponde a la discapacidad, el concejal Conservador cuestionó que, aunque Cali cuenta con una política pública y un comité municipal, “la operatividad es igual de paquidérmica” y exigió que la Alcaldía “priorice la actualización de esa política pública dirigida a esta población vulnerable”. El cabildante aseveró que “urge revisar los presupuestos de la estampilla prodesarrollo con la que se financian ambos programas. Conocer cómo ha sido el recaudo de esa estampilla en el año 2020 y 2021, así como la distribución en programas dirigidos a ambas poblaciones”.
A sus críticas se sumó la concejal de Cambio Radical, Alexandra Hernández, quien indicó que “las personas mayores en Cali no pudieron volver a los Centros de Vida durante 14 meses. El encierro y la violencia intrafamiliar también los afectaron, según datos de la Fiscalía”.
En lo referente a ayudas, la concejal llamó la atención sobre los problemas de movilidad que afectan a unas 170.000 personas con discapacidad. “Allí se necesita hacer mayores inversiones, porque solo estaríamos atendiendo el 1 % de esa población vulnerable o con discapacidad”, afirmó. El llamado desde el Concejo a la Administración por el tema de movilidad es reiterativo, en este sentido, los concejales ponen de presente que el MÍO es el único sistema que tiene una parte de la flota inclusiva, es decir, que cuenta con elementos y plataformas para personas con movilidad reducida y otras discapacidades.
La respuesta oficial
María Fernanda Penilla, secretaria de bienestar social, indicó que para el año 2021, el presupuesto asciende a $1815 millones para los grandes proyectos dirigidos a población con discapacidad: uno es el de recursos para atender a personas cuidadoras; otro de capacitaciones por $245 millones con las que esperan beneficiar a 165 personas y otro programa enfocado a personas con discapacidades, por $170 millones que cubrirá a 330 personas. Para los adultos mayores, los recursos destinados para el año 2021 son $10.103 millones. De ellos, $2.836 millones se entregan a la ESE Hospital Geriátrico San Miguel, que atiende a 250 beneficiarios.
En cuanto a los recursos, la secretaria de Bienestar Social explicó que el recaudo de estampillas no ha sido el mejor entre 2020 y 2021, lo que impide avanzar en los programas destinados a adultos mayor y población con discapacidad. “Hoy nos faltan $4.694 millones en la secretaría, dirigidos a programas de personas mayores. A la fecha por concepto de estampilla pro-adulto mayor, el recaudo está en un 87 %, mientras que el recaudo de la estampilla pro-desarrollo llega al 39 %”, dijo.
“Un anuncio importante es que para el año 2022, la Secretaría de Bienestar Social solicitará al Concejo vigencias futuras para no suspender los programas de atención a la primera infancia; a la población personas mayores y personas con discapacidad y mujeres víctimas de violencia y víctimas de desplazamiento”, recalcó. Penilla anunció también la compra de 693 tarjetas para el transporte en el MÍO destinadas a personas en condición de discapacidad.
